Las empresas o profesionales que adquieren un bien o producto como destinatario final (no para integrarlos en sus procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros) también son consumidores y por ello los servicios técnicos no pueden negarse a cubrir la garantía de un producto por el simple hecho de haberse adquirido por una empresa o profesional o constar la factura a nombre de una sociedad, una Pyme o persona jurídica.
Es por tanto el destino final del bien o producto lo que define por tanto al consumidor. En este sentido, se consideran consumidores los definidos como tales en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden. La propia norma excluye la consideración de consumidores o usuarios a quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
Por consiguiente, también en estos casos es aplicable la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de bienes de consumo en atención al destino del bien de consumo o producto que se compra y no tanto a quién lo adquiere.
Así pues, si un profesional, una PyME o una mercantil adquiere un producto como consumidor final y éste resulta defectuoso o su funcionamiento no es el esperado, tiene derecho a reclamar su reparación con arreglo a la garantía legal del producto (2 años por regla general).
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